Una jueza civil de Rawson condenó a las provincias de Chubut y Buenos Aires a indemnizar con $4000 millones a las familias de las víctimas y sobrevivientes de una tragedia ocurrida hace 22 años durante un viaje de egresados. El fallo, que ya fue apelado ante la Cámara de Trelew, responsabiliza a ambas jurisdicciones por el colapso de una pasarela en el Dique Florentino Ameghino, que provocó la muerte de ocho alumnos y una docente de una escuela de Merlo, provincia de Buenos Aires.
El accidente ocurrió en 2002, cuando un grupo de estudiantes intentaba cruzar una pasarela que cedió, haciendo que varios cayeran al río Chubut. Además de las víctimas fatales, otros 18 alumnos resultaron heridos y sufrieron secuelas psicológicas de largo plazo.
La jueza Amorina Úrsula Testino consideró en su fallo la responsabilidad compartida de las provincias por el estado de la infraestructura y dio lugar a los reclamos de las familias de dos víctimas mortales, así como a los de los sobrevivientes.
Responsabilidades compartidas
Según la investigación, la pasarela tenía un cartel que advertía sobre su capacidad máxima de ocho personas, pero había sido retirado para su reparación y nunca volvió a colocarse. La jueza consideró que tanto las autoridades chubutenses —por la omisión de advertir el riesgo— como la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires —por no garantizar la seguridad del viaje escolar— compartieron responsabilidades en el hecho.
Testino sostuvo que, si el cartel hubiera estado en su lugar, la tragedia podría haberse evitado. Señaló también una «falta de previsión» por parte de los docentes responsables del grupo, al permitir que todos subieran a la estructura al mismo tiempo sin evaluar el riesgo.
El impacto en las familias
El fallo incluye testimonios sobre el profundo impacto emocional que sufrió cada madre. La madre de Walter Damián, de 11 años, se enteró del accidente por la televisión, viajó a Chubut para reconocer el cuerpo y aún sufre pesadillas. La madre de Valeria, que se enteró por una vecina, fue medicada en la escuela y viajó al sur para identificar a su hija, la última en ser encontrada. Ambas madres expresaron su dolor persistente y su lucha por reconstruir la vida tras la pérdida.
En palabras de la jueza: “Nadie puede imaginar el dolor de perder un hijo. Mensurar ese sufrimiento es una tarea que, aunque necesaria, deja más dudas que certezas, porque ninguna suma puede compensar una pérdida así”.
Como parte del fallo, la magistrada también ordenó devolver a las familias las fotos y boletines escolares que habían sido presentados como prueba. “Esos documentos permiten poner rostro a los niños y niñas, y son un puente para que sus madres y padres se conecten con ellos”, escribió.
