Con atrasos que superan el promedio estatal, la morosidad empuja al personal policial a una crisis de salud mental sin precedentes, alzando los casos de suicidios en el país y en la provincia de Buenos Aires.
La alarmante situación económica de los uniformados en Argentina dejó de ser un problema exclusivamente financiero para convertirse en una tragedia de salud mental. Tras meses de denuncias por parte de especialistas, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció un preocupante incremento del 30% en los suicidios dentro de las fuerzas federales durante 2025, vinculando directamente este fenómeno con los severos niveles de endeudamiento y los bajos salarios que perciben los efectivos.
De acuerdo con informes oficiales, uno de cada cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas está en situación de morosidad. El índice duplica el promedio del resto de la administración pública (10,8%). La falta de liquidez arrastra al personal a un circuito de préstamos informales y créditos de billeteras virtuales con tasas financieras asfixiantes.El epicentro bonaerense
El caso bonaerense
El escenario es igual de complejo en la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense, la fuerza civil más numerosa del país, refleja de forma dramática este impacto. Reportes internos de la fuerza provincial contabilizaron 37 suicidios en 2024, 35 en 2025 y una tendencia que ya supera los 30 casos en los meses transcurridos de 2026. Estas cifras superan holgadamente a las muertes de agentes caídos en acto de servicio, históricamente estimadas en un promedio de 10 al año.
Especialistas explican que el policía bonaerense promedio enfrenta una doble presión. Por un lado, salarios desvalorizados frente al costo de vida y los alquileres en el Conurbano. Por el otro, el rol social de ser el único miembro familiar con un recibo de sueldo, lo que los convierte de manera automática en garantes de deudas ajenas de todo su entorno. El uso del arma reglamentaria fuera de servicio suele ser el común denominador en los desenlaces fatales.
Ante este flagelo, el gobierno provincial intenta contener la emergencia mediante el refuerzo de programas de salud mental y redes de contención psicológica dentro de los destacamentos. Sin embargo, los representantes del sector advierten que la falta de reacción del Gobierno central solo agrava el ahogo económico y profundiza el impacto en los servicios provinciales de salud.
