Denuncian que corren el riesgo de perder el acceso al agua. Intendentes, foros hídricos y vecinos expresan su resistencia con presentaciones judiciales y protestas en las calles.
El sur del conurbano bonaerense se convirtió en el epicentro del rechazo al plan del Gobierno nacional para privatizar la empresa estatal AySA. La decisión de avanzar en la venta del paquete accionario de la distribuidora de agua potable y saneamiento disparó una inmediata reacción en cadena que unifica la presión de algunos jefes comunales con el descontento de organizaciones vecinales. El temor común es que un insumo básico se transforme en una mercancía inaccesible para los sectores más vulnerables.
En el plano judicial y político, la ofensiva cobró fuerza desde los despachos municipales. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, presentó ante los tribunales federales medidas cautelares que exigen auditorías sobre los pasivos ambientales, lo que logró el congelamiento temporal del proceso de licitación. En la presentación se argumenta que el Estado nacional no puede desligarse de una red que todavía presenta deudas estructurales en sus distritos.
«Si se privatiza ¿qué va a hacer al mes (el adjudicatario)? Va a subir las tarifas, esto es obvio… Como subieron los peajes cuando concesionaron las rutas», advirtió el jefe comunal. Y agregó: «Hay que hacer inversiones inmensas en los barrios vulnerables, la empresa que venga no va a querer hacer esas inversiones porque el recupero de eso es a 20, 30 o más años».
En las calles, el malestar se traduce en movilizaciones ruidosas hacia las delegaciones comerciales de la empresa. Ramón Fernández, referente del Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora, encabezó una protesta vecinal el viernes bajo la consigna de que el agua es un derecho humano no negociable. Según esa entidad, las oficinas de atención presencial ya comenzaron a cerrar sus puertas, dejando a los usuarios sin canales de reclamo ante los cortes de suministro o baja presión que los afectan.
Las asambleas comunitarias advierten que el proceso licitatorio carece de transparencia y participación ciudadana. En este escenario de creciente conflictividad, las comunidades de la zona sur prometen sostener las medidas de fuerza en paralelo al avance de las causas judiciales, transformando la defensa de los servicios públicos en la principal bandera de resistencia regional.
