En una jornada marcada por la tensión y el reclamo de justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó este lunes 22 de diciembre al ginecólogo Diego Javier Clementi a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.
El veredicto, dictado por los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian, confirmó la responsabilidad del profesional de 57 años en delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y hechos gravemente ultrajantes. Aunque la fiscalía había solicitado 15 años y la querella 22, el tribunal optó por una pena de 14 años, ordenando su arresto domiciliario inmediato pese a haber llegado al juicio en libertad.
Un modus operandi basado en el poder
Los hechos probados durante el debate ocurrieron entre 2017 y 2022. Clementi aprovechaba la vulnerabilidad de sus pacientes y el marco de confianza de la consulta médica para perpetrar los ataques. Los abusos tuvieron lugar tanto en su clínica privada, «Sur Gametos» (ex «Clínica de la Mujer») en la localidad de Burzaco, como en el Hospital Evita de Lanús.
Durante sus «últimas palabras» antes de la sentencia, el ginecólogo evitó referirse a las agresiones y se limitó a pedir disculpas por haber sido, supuestamente, «tosco en su trato», una justificación que no tuvo peso ante la contundencia de las pruebas y el relato de las 13 víctimas que se atrevieron a denunciar.
Tensión en los tribunales
La lectura de la sentencia se desarrolló en un clima dividido. En el exterior de los tribunales, organizaciones feministas y colectivos de mujeres celebraron el fallo bajo la consigna «Clementi abusador», calificando la condena como un acto de reparación necesario tras años de espera. En contrapartida, un grupo de allegados al médico se manifestó alegando «falsas denuncias».
Situación procesal
Con esta sentencia, la justicia no solo impone una pena de cárcel, sino que aparta definitivamente a Clementi de la práctica médica. El condenado cumplirá la detención en su domicilio hasta que el fallo sea confirmado por instancias superiores.
Este caso sienta un precedente fundamental en la región sobre la seguridad de las mujeres en el ámbito de la salud y el castigo a los abusos de poder en la relación médico-paciente.
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