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Qué se puede hacer y qué no con celulares en los secundarios bonaerenses

Los dispositivos digitales quedaron restringidos en las aulas salvo autorización del docente para tareas pedagógicas. La regla general prohibió el uso personal de pantallas durante la jornada escolar en colegios públicos y privados.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley la norma que regula el uso de celulares y pantallas en las escuelas secundarias, que hasta ahora solo regía en las escuelas primarias.

Entre los usos autorizados, la ley determinó que los estudiantes solo emplearán teléfonos o tabletas cuando el docente lo disponga de forma explícita y para propósitos pedagógicos. También contempló excepciones por razones de salud o necesidades particulares. A la vez, la ley también busca informar y concientizar a los estudiantes de entre 6 y 17 años sobre los riesgos de la exposición excesiva a las pantallas.

Por el contrario, la norma prohibió el uso personal o recreativo de pantallas durante las clases. Los alumnos no podrán ingresar a redes sociales, mandar mensajes, consumir videos ni jugar sin aval del profesor. Cada colegio adaptará sus pautas de convivencia para definir el resguardo de los equipos.

El diputado Martín Rozas, autor del proyecto, sostuvo: «Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria, que es indispensable que los alumnos sepan manejar como tiene que ser». Además, el legislador advirtió que «la sobreexposición a las pantallas trae aparejada otro tipo de situaciones que le hace un perjuicio a todos los adolescentes, por eso es necesario que el alumno vuelva a tener ese espacio de socialización en el momento de estar en la escuela».

Ley Ema: por una convivencia digital segura

En la misma sesión quedó sancionada la Ley Ema, una norma que busca garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a desenvolverse en entornos virtuales seguros y libres de violencia.

La ley prevé políticas y herramientas para prevenir y abordar situaciones de hostigamiento, agresiones u otras formas de violencia a través de plataformas tecnológicas. Además, crea un programa provincial para brindar recursos a las escuelas, fortalecer la convivencia digital y facilitar la intervención ante estos casos.

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