Mientras la planta de El Jagüel continúa paralizada por 450 despidos, denuncian incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por Provincia. Mientras el grupo avícola evalúa entrar en convocatoria de acreedores, ex dueños piden a la Justicia convertirla en cooperativa.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria ante el despido de 450 operarios de la planta de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría. La medida provincial, que ordenó retrotraer un total de 1200 despidos en el territorio bonaerense (sumados los 700 en Capitán Sarmiento y 50 en Pilar), busca contener la crisis de Granja Tres Arroyos y Wade.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores denunciaron que la firma no acató la resolución oficial. Los operarios continúan sin tareas asignadas y permanecen en asamblea permanente en el predio, mientras que denuncian que no cobraron sus salarios adeudados de los últimos dos meses. El conflicto laboral explotó por la asfixia financiera del holding avícola, que arrastra una deuda de 350 millones de dólares y planea presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días de septiembre.
La inactividad de la fábrica comenzó en agosto con vacaciones forzadas y la posterior interrupción del suministro de gas. Ante la llegada de los telegramas de despido, el personal montó una vigilia en el establecimiento para evitar el desmantelamiento de los equipos. Óscar, un empleado de 47 años con una antigüedad de 22 años, relató la angustia del sector: «Hace dos meses directamente dejaron de pagarnos». Por ahora, los obreros sobreviven con alimentos que reciben del municipio de Esteban Echeverría y del sindicato.
Frente a la situación, el expropietario de Cresta Roja, Milenko Rasic, y Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, acudieron a los tribunales comerciales y plantearon la posibilidad de preservar la planta y avanzar hacia una eventual gestión cooperativa/autogestionada. Además, solicitaron protección de la maquinaria para evitar su retiro/desmantelamiento.
Durante las negociaciones, el Gobierno provincial busca transformar el tiempo de la conciliación en una salida viable.
